ECOVOZ

«Mantendremos hasta el final nuestra solicitud para que se ejecuten
las sentencias de demolición». La asociación ecologista ARCA advirtió
ayer a los cientos de propietarios cuyas casas han sido condenadas a la
piqueta por irregularidades urbanísticas denunciadas en Cantabria de
que no habrá medidas de gracia para salvar sus chalés.

La nota de los conservacionistas ahoga las esperanzas de los afectados,
en su mayoría vizcaínos, que en los últimos tiempos habían especulado
con la posibilidad de alcanzar un pacto con ARCA, toda vez que esta
asociación ya ha logrado uno de los objetivos que se fijó cuando inició
su campaña de denuncia: promover un Plan de Ordenación del Litoral
(POL) que estableciera las reglas de juego del crecimiento urbanístico
de la región.

Aunque el Gobierno cántabro ha tratado de mediar entre ecologistas y
afectados, cualquier invitación al diálogo ha sido inútil. ARCA ha
instado, una vez más, a la Fiscalía a que investigue «a los cargos
políticos y técnicos que permitieron la aprobación de planeamientos
urbanísticos y licencias de obra ilegales».