jueves, 23 de junio de 2005

Ecologistas presenta alegaciones contra el proyecto de una central térmica de Iberdrola en Alange (B

Creen que no han sido suficientemente valorados los impactos ambientales y piden que no se le conceda la 'Utilidad Pública'
MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
Más de 700 ciudadanos y varias asociaciones ecologistas como Ecologistas en Acción (EA) han presentado alegaciones contra el proyecto de instalación de una central térmica de la empresa Iberdrola en la localidad extremeña de Alange (Badajoz) y su posible declaración de 'Utilidad Pública'.
Según informa EA en nota de prensa, el anuncio por parte del Área de Industria y Energía de la delegación de Gobierno en Badajoz de este proyecto de central térmica de ciclo combinado de Iberdrola, ha despertado "gran interés" y numerosos ciudadanos "han manifestado su oposición a que se permita este proyecto", y especialmente a que se le conceda la declaración de 'Utilidad Pública', teniendo en cuenta que, consideran, "puede perjudicar sus intereses particulares y públicos como la calidad del aire y la conservación del Medio Ambiente".
Esta central térmica, según recuerdan, generaría electricidad utilizando como fuente de energía la combustión de gas y gasóleo, emitiendo gases contaminantes a la atmósfera y aguas contaminadas al cercano río Matachel.
Al considerar que se sienten "afectados" por esta actividad, en el plazo establecido, Ecologistas en Acción de Extremadura y unos 700 ciudadanos, según datos de la asociación, han formulado alegaciones contra la declaración de 'Utilidad Pública' de esta central térmica.
En sus alegaciones consideran que la calidad de vida de los habitantes de esta zona "se pueden ver negativamente afectada por las emisiones que realice esta industria", sin que de su instalación "se derive utilidad pública alguna" ni esté justificada su autorización administrativa.
En este sentido, consideran que esta nueva central térmica de gas y gasóleo "es contraria al espíritu y los fines del Protocolo de Kioto" contribuyendo a aumentar las emisiones de CO2, uno de los gases causantes del cambio climático que amenaza a todo el Planeta.
En todo caso, creen que sería "más lógico" apostar por el ahorro, la eficiencia y las energías renovables como la energía solar fotovoltaica que se pueden instalar en los tejados de las viviendas, cerca del lugar de consumo, reduciendo el impacto de su transporte y los tendidos eléctricos y "sin provocar perjuicios como los que generan las centrales térmicas".
PRINCIPALES INCONVENIENTES
Entre los mayores inconvenientes los alegantes critican las lluvias ácidas que pueden provocar sus emisiones de NO2 y SO2, y el aumento del ozono troposférico que afectarían negativamente a otras actividades sostenibles de la zona como la agricultura y la ganadería de Tierra de Barros y las Vegas del Guadiana, sin contar con el impacto que provocaría en fincas de agricultura ecológica muy próximas.
Opinan además que las emisiones contaminantes y su mera presencia también incidirían negativamente sobre el creciente turismo del balneario de Alange, que según sus datos genera "más empleo estable que el que espera proporcionar esta central térmica".
Estiman que el elevado consumo de agua "pondrá en peligro las reservas del embalse de Alange" del que, según el anteproyecto presentado por Iberdrola, obtendría el agua, sin olvidar que las emisiones a la atmósfera podrían perjudicar la calidad del agua del embalse.
Alertan asimismo los ecologistas de que las lluvias ácidas que pueden provocar las emisiones de la central "también pueden incidir negativamente sobre el patrimonio histórico-artístico de Mérida", acelerando los procesos de erosión de la roca.
Consideran así que no se ha estudiado "suficientemente" la incidencia que podría tener y serían necesarios estudios "más profundos y detallados" que mostraran claramente "cuál sería el efecto de estas emisiones los días en que los vientos desplacen los gases contaminantes hasta Mérida, o se depositen mediante la lluvia ácida".
Los fenómenos de inversión térmica y la posible acumulación de gases en el valle donde se pretende emplazar esta actividad "amenazan con incrementar los efectos negativos de los gases y partículas emitidas, estimándose valores de inmisión de NO2, SO2, Ozono, etc, superiores a los permitidos por la legislación vigente", recuerdan. Esto debería conllevar "la inmediata paralización de la actividad, lo que no está previsto en el proyecto de Iberdrola", apuntan.
CONTRADICCIONES
El hecho de que sea una empresa privada, Iberdrola, la que va a explotar esta central térmica, y por tanto, va a obtener beneficios económicos de esta "actividad contaminante", hace que, apuntan, "no sea justificable la declaración de Utilidad Pública", sobre todo teniendo en cuenta los impactos sobre los intereses de muchos ciudadanos y propiedades públicas.
Además, y debido a la existencia de lugares de interés en materia de biodiversidad y de alto valor ambiental, no se pueden olvidar tampoco, no sólo los contaminantes emitidos, sino el impacto de las instalaciones aparejadas como los tendidos eléctricos de alta tensión, caminos, gaseoducto, etc, que pueden afectar "muy negativamente" a algunas especies protegidas por la legislación.
Las grandes dimensiones del tanque de gasóleo de 2,6 millones de litros, según sus datos, hace temer "un importante uso de este combustible", aumentando "mucho más" el efecto contaminante.
Desde Ecologistas en Acción temen que se vaya a usar este combustible "mucho más de lo que se dice en este proyecto", teniendo en cuenta la limitación de los gaseoductos y el incremento de la demanda de este combustible.
Asimismo, consideran que el estudio de impacto ambiental presentado por Iberdrola "no valora suficientemente todos los perjuicios ambientales" y que "no se compensarían con los supuestos beneficios económicos, para unos pocos, que podría generar esta central térmica".
En sus alegaciones los ecologistas y los ciudadanos que se han adherido a ellas han solicitado que le sea denegada la autorización administrativa a la empresa, por el negativo impacto ambiental, y se le niegue por tanto también la Declaración de Utilidad Pública.

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