Balears, entre los territorios con más costa pendiente de protección
Todavía falta por deslindar el dominio público marítimo-terrestre del 38% del litoral, casi un millar de kilómetros según el Gobierno central
La costa de Balears es una de las más desprotegidas de España. Un dudoso honor que comparte con provincias que no descollan precisamente por su respeto urbanístico, como Málaga, Murcia, Alicante o Gran Canaria.
El director general de Costas, José Fernández Pérez, reveló ayer a este rotativo que los kilómetros de litoral pendientes de deslindar en las islas superan la media española.
"Se han ocupado zonas que si se hubieran deslindado correctamente hace más tiempo a lo mejor no estarían ahora construidas", explicó. La señalización del dominio público marítimo-terrestre garantiza un uso no privado, regula la utilización racional de los bienes y consigue un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar.
Trabajo por hacer
El 38% del litoral balear está pendiente de delimitar, según el último informe del ministerio de Medio Ambiente correspondiente a diciembre pasado. El porcentaje se asemeja al de Alicante, Gran Canaria y Cantabria, se halla ligeramente por debajo de Málaga y Murcia -rozan el 44%- y muy lejos de Tarragona, que ha hecho los deberes en toda su orilla.
Un estudio del Ministerio fechado en septiembre de 2005 coloca al archipiélago como la primera comunidad autónoma en longitud de costa sin demarcar. En total, 969 kilómetros.
"Los deslindes no están ligados a la demolición de edificios. Sólo determinan dónde se encuentra el dominio público y dónde no. Existen otros procedimientos para eliminar las edificaciones que incumplen la Ley de Costas de 1988", aclara José Fernández Pérez.
Conocer con precisión el límite de los terrenos que la Administración considera bienes propios acarrea consecuencias legales, económicas, políticas, sociales y ambientales.
Precisamente, diversa jurisprudencia entiende que no se puede resolver un expediente sancionador por una ocupación indebida en un bien de dominio público marítimo-terrestre si previamente no está aprobado el deslinde.
José Fernández, interrogado sobre el último documento de Greenpeace que denuncia la construcción urbanística en primera línea de mar, como es el caso de Cala Blanca en Andratx, descarga la responsabilidad en los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma.
"Los sistemas de protección en España son bastante buenos, pero no suficientes. La franja de dominio público es muy estrecha y muchas veces si el planificador urbanístico no tiene en cuenta determinados factores, se puede producir una ocupación incorrecta del territorio hasta cerca del mar. Y eso no es competencia del ministerio de Medio Ambiente", apostilla.
La costa de Balears es una de las más desprotegidas de España. Un dudoso honor que comparte con provincias que no descollan precisamente por su respeto urbanístico, como Málaga, Murcia, Alicante o Gran Canaria.
El director general de Costas, José Fernández Pérez, reveló ayer a este rotativo que los kilómetros de litoral pendientes de deslindar en las islas superan la media española.
"Se han ocupado zonas que si se hubieran deslindado correctamente hace más tiempo a lo mejor no estarían ahora construidas", explicó. La señalización del dominio público marítimo-terrestre garantiza un uso no privado, regula la utilización racional de los bienes y consigue un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar.
Trabajo por hacer
El 38% del litoral balear está pendiente de delimitar, según el último informe del ministerio de Medio Ambiente correspondiente a diciembre pasado. El porcentaje se asemeja al de Alicante, Gran Canaria y Cantabria, se halla ligeramente por debajo de Málaga y Murcia -rozan el 44%- y muy lejos de Tarragona, que ha hecho los deberes en toda su orilla.
Un estudio del Ministerio fechado en septiembre de 2005 coloca al archipiélago como la primera comunidad autónoma en longitud de costa sin demarcar. En total, 969 kilómetros.
"Los deslindes no están ligados a la demolición de edificios. Sólo determinan dónde se encuentra el dominio público y dónde no. Existen otros procedimientos para eliminar las edificaciones que incumplen la Ley de Costas de 1988", aclara José Fernández Pérez.
Conocer con precisión el límite de los terrenos que la Administración considera bienes propios acarrea consecuencias legales, económicas, políticas, sociales y ambientales.
Precisamente, diversa jurisprudencia entiende que no se puede resolver un expediente sancionador por una ocupación indebida en un bien de dominio público marítimo-terrestre si previamente no está aprobado el deslinde.
José Fernández, interrogado sobre el último documento de Greenpeace que denuncia la construcción urbanística en primera línea de mar, como es el caso de Cala Blanca en Andratx, descarga la responsabilidad en los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma.
"Los sistemas de protección en España son bastante buenos, pero no suficientes. La franja de dominio público es muy estrecha y muchas veces si el planificador urbanístico no tiene en cuenta determinados factores, se puede producir una ocupación incorrecta del territorio hasta cerca del mar. Y eso no es competencia del ministerio de Medio Ambiente", apostilla.
