De San Glorio a Marina de Cope, pasando por Mojácar
PEDRO COSTA MORATA (profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y Premio Nacional de Medio Ambiente 1998)
Muy interesante resulta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) de fecha 8 de enero de 2008 pero conocida recientemente, en la que, a instancias del grupo ecologista cántabro Asociación de Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), se rechaza las pretensiones de la Junta autonómica de modificar el ordenamiento jurídico-normativo del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina para hacer posible una estación de esquí alpino, algo expresamente prohibido por los contenidos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de dicho espacio protegido.
ARCA, grupo ecologista español que ha sabido impulsar la labor de los tribunales a favor del medio ambiente, se alzó contra el atropello, consistente en un decreto autonómico que modificaba el decreto de aprobación del Parque Regional en el sentido de dejar vía libre a actuaciones incompatibles. Su argumentación objetiva, avalada por informes de prestigiosos científicos, consistió en llamar la atención sobre los importantísimos valores del entorno del puerto de San Glorio (León), que quedaban seriamente amenazados por la inserción en ese espacio protegido de las instalaciones de esquí. (Este viajero, que conoce bien la zona, así como seis de sus dosmiles, incluyendo el Curavacas, mirador excepcional sobre el área del conflicto, y que ha visitado y estudiado los seiscientos pueblos de la montaña leonesa y palentina, en sus 55 municipios, se angustió cuando supo del proyecto, aunque pudo tranquilizarse al saber de la reacción de los ecologistas castellano-leoneses y cántabros, así como de la ofensiva de ARCA.)
En el hermoso texto de esta sentencia ejemplar queda claro que para desproteger un espacio hay que demostrar que los valores que motivaron esa declaración de protección han dejado de estar presentes, cosa que la Junta de Castilla y León no hace; y que no es aceptable, tampoco, que los cambios normativos a introducir vengan adornados con el latiguillo de que «las actuaciones nuevamente permitidas irán precedidas de su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental» (los ecologistas ya saben perfectamente que los EIA son demasiadas veces una peligrosa farsa, sirviendo a los hechos consumados). También es oportuna la alusión que en el texto se hace a la futura y menguante disponibilidad de nieve, que no puede pretenderse suplir, en casos de instalaciones de esquí, con los cañones de nieve, es decir, con la capacidad o las promesas de la tecnología.
La reflexión sobre el hecho de que se sigan empujando inversiones que no pueden sostenerse por la debilidad o incertidumbre del recurso básico -nieve a sustituir por esos cañones en la cordillera, agua a obtener de desaladoras en el Mediterráneo- nos lleva a nuestro caso de referencia, el de la superurbanización Marina de Cope, en cuya saga aparecen casi los mismos elementos de agresividad y necedad administrativas que en el caso de San Glorio, singularmente la decisión política de desproteger un parque regional mediante el burdo recurso -que en el caso murciano se agrava- a la desprotección previa (que no modificación normativa), sin explicación ni justificación, sustituyendo de un plumazo una clasificación formal protectora por un avieso cambio de denominación, que implicaba dejar fuera de la protección a la mayor parte del espacio originalmente declarado. También, como se sabe, esa iniciativa (institucional, para más inri), que quería y quiere urbanizar lo que antes se protegió, se enfrentó en su día a miles de impugnaciones y a un recurso contencioso-administrativo, de firma ecologista, en el que están depositadas grandes esperanzas.
Frente a la costumbre de las Administraciones de ir contra sus propias normas y producciones legislativas, alegando causas cada vez más inconsistentes, osadas y al tiempo encubridoras de intereses no generales y de daños que perjudican los recursos y ecosistemas existentes, la opinión pública sensible debe recurrir a las instancias judiciales, e impulsarlas a que no duden en disciplinar a las autoridades político-administrativas. Es el Poder Judicial (la Ley) el que debe acudir en auxilio del Derecho conculcado y la política banalizada, que en situaciones como la murciana muestran una extraordinaria degradación ética en los niveles local y autonómico. Esta situación murciana, desoladora, no tiene parangón en España y desde luego supera en gravedad a la de Castilla y León (aunque aquí tampoco las autoridades autonómicas son mancas maltratando su inmenso patrimonio natural).
Aludo aquí a Mojácar para destacar otra sentencia (2 de abril de 2008), que responde a otro recurso contencioso-administrativo, esta vez en los tribunales de Almería, y que tiene también su interés. Se da la razón a Astrid Schröeder, ciudadana alemana vecina de Mojácar y entusiasta ecologista, que recurrió contra la Delegación de Industria de la Junta de Andalucía y la empresa ENDESA de resultas de la invasión de su huerto de naranjos por un gigantesco poste eléctrico, levantado tras la declaración de utilidad pública y el recurso al procedimiento expropiatorio de urgencia. La línea de alta tensión en cuestión, de 132 mil voltios, tendida entre Turre y la costa mojaquera con el pretexto de la urgente demanda de energía desde las zonas turísticas, viene siendo objeto de lucha por parte de una asociación de vecinos críticos, ya que reúne todas las condiciones de proyecto agresivo, abusivo y difícilmente justificable; la batalla de Astrid es una parte de esta guerra, y ha contado con el humilde informe técnico-ambiental de este cronista (que se sintió tocado por la agresión). Ahora no sólo se ha de retirar el poste en la parcela de Astrid sino que se ha de modificar el trazado de la línea en cuanto sea necesario (además de indemnizar a la afectada por ocupación ilegal).
Lo interesante en el caso de Astrid contra la coalición Administración-ENDESA es que todo eso de la urgencia expropiatoria ha de demostrarse, para impedir el abuso tan habitual de las eléctricas, y que a los funcionarios-ingenieros de las Delegaciones de Industria hay que atarlos corto cuando mantienen esa tradición histórica de despotismo hacia el ciudadano y de sumisión ante las empresas.
Muy interesante resulta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) de fecha 8 de enero de 2008 pero conocida recientemente, en la que, a instancias del grupo ecologista cántabro Asociación de Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), se rechaza las pretensiones de la Junta autonómica de modificar el ordenamiento jurídico-normativo del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina para hacer posible una estación de esquí alpino, algo expresamente prohibido por los contenidos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de dicho espacio protegido.
ARCA, grupo ecologista español que ha sabido impulsar la labor de los tribunales a favor del medio ambiente, se alzó contra el atropello, consistente en un decreto autonómico que modificaba el decreto de aprobación del Parque Regional en el sentido de dejar vía libre a actuaciones incompatibles. Su argumentación objetiva, avalada por informes de prestigiosos científicos, consistió en llamar la atención sobre los importantísimos valores del entorno del puerto de San Glorio (León), que quedaban seriamente amenazados por la inserción en ese espacio protegido de las instalaciones de esquí. (Este viajero, que conoce bien la zona, así como seis de sus dosmiles, incluyendo el Curavacas, mirador excepcional sobre el área del conflicto, y que ha visitado y estudiado los seiscientos pueblos de la montaña leonesa y palentina, en sus 55 municipios, se angustió cuando supo del proyecto, aunque pudo tranquilizarse al saber de la reacción de los ecologistas castellano-leoneses y cántabros, así como de la ofensiva de ARCA.)
En el hermoso texto de esta sentencia ejemplar queda claro que para desproteger un espacio hay que demostrar que los valores que motivaron esa declaración de protección han dejado de estar presentes, cosa que la Junta de Castilla y León no hace; y que no es aceptable, tampoco, que los cambios normativos a introducir vengan adornados con el latiguillo de que «las actuaciones nuevamente permitidas irán precedidas de su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental» (los ecologistas ya saben perfectamente que los EIA son demasiadas veces una peligrosa farsa, sirviendo a los hechos consumados). También es oportuna la alusión que en el texto se hace a la futura y menguante disponibilidad de nieve, que no puede pretenderse suplir, en casos de instalaciones de esquí, con los cañones de nieve, es decir, con la capacidad o las promesas de la tecnología.
La reflexión sobre el hecho de que se sigan empujando inversiones que no pueden sostenerse por la debilidad o incertidumbre del recurso básico -nieve a sustituir por esos cañones en la cordillera, agua a obtener de desaladoras en el Mediterráneo- nos lleva a nuestro caso de referencia, el de la superurbanización Marina de Cope, en cuya saga aparecen casi los mismos elementos de agresividad y necedad administrativas que en el caso de San Glorio, singularmente la decisión política de desproteger un parque regional mediante el burdo recurso -que en el caso murciano se agrava- a la desprotección previa (que no modificación normativa), sin explicación ni justificación, sustituyendo de un plumazo una clasificación formal protectora por un avieso cambio de denominación, que implicaba dejar fuera de la protección a la mayor parte del espacio originalmente declarado. También, como se sabe, esa iniciativa (institucional, para más inri), que quería y quiere urbanizar lo que antes se protegió, se enfrentó en su día a miles de impugnaciones y a un recurso contencioso-administrativo, de firma ecologista, en el que están depositadas grandes esperanzas.
Frente a la costumbre de las Administraciones de ir contra sus propias normas y producciones legislativas, alegando causas cada vez más inconsistentes, osadas y al tiempo encubridoras de intereses no generales y de daños que perjudican los recursos y ecosistemas existentes, la opinión pública sensible debe recurrir a las instancias judiciales, e impulsarlas a que no duden en disciplinar a las autoridades político-administrativas. Es el Poder Judicial (la Ley) el que debe acudir en auxilio del Derecho conculcado y la política banalizada, que en situaciones como la murciana muestran una extraordinaria degradación ética en los niveles local y autonómico. Esta situación murciana, desoladora, no tiene parangón en España y desde luego supera en gravedad a la de Castilla y León (aunque aquí tampoco las autoridades autonómicas son mancas maltratando su inmenso patrimonio natural).
Aludo aquí a Mojácar para destacar otra sentencia (2 de abril de 2008), que responde a otro recurso contencioso-administrativo, esta vez en los tribunales de Almería, y que tiene también su interés. Se da la razón a Astrid Schröeder, ciudadana alemana vecina de Mojácar y entusiasta ecologista, que recurrió contra la Delegación de Industria de la Junta de Andalucía y la empresa ENDESA de resultas de la invasión de su huerto de naranjos por un gigantesco poste eléctrico, levantado tras la declaración de utilidad pública y el recurso al procedimiento expropiatorio de urgencia. La línea de alta tensión en cuestión, de 132 mil voltios, tendida entre Turre y la costa mojaquera con el pretexto de la urgente demanda de energía desde las zonas turísticas, viene siendo objeto de lucha por parte de una asociación de vecinos críticos, ya que reúne todas las condiciones de proyecto agresivo, abusivo y difícilmente justificable; la batalla de Astrid es una parte de esta guerra, y ha contado con el humilde informe técnico-ambiental de este cronista (que se sintió tocado por la agresión). Ahora no sólo se ha de retirar el poste en la parcela de Astrid sino que se ha de modificar el trazado de la línea en cuanto sea necesario (además de indemnizar a la afectada por ocupación ilegal).
Lo interesante en el caso de Astrid contra la coalición Administración-ENDESA es que todo eso de la urgencia expropiatoria ha de demostrarse, para impedir el abuso tan habitual de las eléctricas, y que a los funcionarios-ingenieros de las Delegaciones de Industria hay que atarlos corto cuando mantienen esa tradición histórica de despotismo hacia el ciudadano y de sumisión ante las empresas.
