Las sentencias de derribo en Cantabria serán ejecutadas
El Gobierno regional alerta de que no legalizará todas las viviendas condenadas a la piqueta
Llevaba meses sin pronunciarse pero sus primeras consideraciones han sumido a los 2.000 vizcaínos y cántabros afectados por sentencias de derribo en una «profunda tristeza, decepción y malestar». El Gobierno de Cantabria ha proclamado que no puede dictar leyes para impedir la ejecución de las demoliciones porque «sería inconstitucional». De esta forma, queda descartada la llamada 'Ley de punto final' que promovían los propietarios, basada en conceder la «amnistía general» a las urbanizaciones condenadas. De este modo, el consejero de Urbanismo, José María Mazón, ha recalcado que «no conviene generar falsas expectativas», y que sólo «existen posibilidades» entre las construcciones condenadas que pudieran situarse dentro «del crecimiento natural» del municipio.
El Ejecutivo regional tenía de plazo hasta este viernes para explicar al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) qué «determinaciones concretas» pensaba adoptar acerca del medio millar de viviendas sobre las que pesan órdenes de derribo. Si bien el Gobierno ha perfilado posibles medidas para normalizar algunas situaciones, el grueso de la documentación remitida a los tribunales gira en torno a un análisis de la situación actual, en el que ha incluido una relación de las actuaciones que ha llevado a cabo hasta el momento. Entre ellas, destaca el pago de 220.000 euros en concepto de daños morales a 22 afectados de Argoños.
Mientras, los responsables regionales continúan elaborando un plan definitivo -cuya entrega al TSJC está prevista para principios de julio- que dé respuesta a una problemática que dura ya años. Eso sí, Mazón insiste en que el Ejecutivo «no puede establecer una norma con rango de ley que tenga por objeto que no se cumpla la ley». Asimismo, señala que únicamente cabría la posibilidad de «legalizar alguna situación» concreta en municipios que hayan adaptado su planeamiento a las normas urbanísticas.
En cualquier caso, el consejero recordó que el Gobierno no tiene competencias en materia de planeamiento urbanístico. «Nuestro papel es de asesoramiento y control», señaló. Esta puntualización ha sido la que más ha indignado a los afectados. «Si después de tantos años, la solución del Gobierno es decir que lo arreglen los ayuntamientos estaríamos ante una tomadura de pelo. Los condenados son el Ejecutivo y los consistorios, y no pueden seguir sin dar una solución a la víctimas de esa injusta situación, ni pasándose la pelota», expresó el portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela.
Llevaba meses sin pronunciarse pero sus primeras consideraciones han sumido a los 2.000 vizcaínos y cántabros afectados por sentencias de derribo en una «profunda tristeza, decepción y malestar». El Gobierno de Cantabria ha proclamado que no puede dictar leyes para impedir la ejecución de las demoliciones porque «sería inconstitucional». De esta forma, queda descartada la llamada 'Ley de punto final' que promovían los propietarios, basada en conceder la «amnistía general» a las urbanizaciones condenadas. De este modo, el consejero de Urbanismo, José María Mazón, ha recalcado que «no conviene generar falsas expectativas», y que sólo «existen posibilidades» entre las construcciones condenadas que pudieran situarse dentro «del crecimiento natural» del municipio.
El Ejecutivo regional tenía de plazo hasta este viernes para explicar al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) qué «determinaciones concretas» pensaba adoptar acerca del medio millar de viviendas sobre las que pesan órdenes de derribo. Si bien el Gobierno ha perfilado posibles medidas para normalizar algunas situaciones, el grueso de la documentación remitida a los tribunales gira en torno a un análisis de la situación actual, en el que ha incluido una relación de las actuaciones que ha llevado a cabo hasta el momento. Entre ellas, destaca el pago de 220.000 euros en concepto de daños morales a 22 afectados de Argoños.
Mientras, los responsables regionales continúan elaborando un plan definitivo -cuya entrega al TSJC está prevista para principios de julio- que dé respuesta a una problemática que dura ya años. Eso sí, Mazón insiste en que el Ejecutivo «no puede establecer una norma con rango de ley que tenga por objeto que no se cumpla la ley». Asimismo, señala que únicamente cabría la posibilidad de «legalizar alguna situación» concreta en municipios que hayan adaptado su planeamiento a las normas urbanísticas.
En cualquier caso, el consejero recordó que el Gobierno no tiene competencias en materia de planeamiento urbanístico. «Nuestro papel es de asesoramiento y control», señaló. Esta puntualización ha sido la que más ha indignado a los afectados. «Si después de tantos años, la solución del Gobierno es decir que lo arreglen los ayuntamientos estaríamos ante una tomadura de pelo. Los condenados son el Ejecutivo y los consistorios, y no pueden seguir sin dar una solución a la víctimas de esa injusta situación, ni pasándose la pelota», expresó el portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela.
