Piden que se tramite el PROT y se paralice la modificación de la Ley del Suelo
ARCA, Ecologistas en Acción, la federación Acanto y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica piden al Gobierno y el Parlamento de Cantabria que paralice la modificación de la Ley del Suelo en trámite, porque aumentar las competencias municipales para permitir la construcción de viviendas aisladas en suelo rústico y el cambio de uso para cabañas e invernales, va en contra de las estrategias española y europea en materia de ordenación territorial y lucha contra el cambio climático.
Las cuatro organizaciones consideran además que la modificación de la Ley del Suelo representa un paso más en las políticas urbanísticas denunciadas en el Informe Auken y que han merecido la condena expresa del Parlamento Europeo, con la petición de que se retiren los fondos estructurales y se congelen los fondos de cohesión.
De hecho, en el origen y desarrollo de este proyecto subyace una apuesta por regresar a la nefasta “política del ladrillo”, bien por presiones de intereses privados y empresariales, por el clientelismo que corrompe la política municipal de Cantabria, por falta de imaginación para promover un modelo alternativo de desarrollo rural basado, o quizá por una combinación de los tres factores.
Lo cierto es que la modificación propuesta, antes que impulsar el desarrollo sostenible al que está obligada España por el Tratado de la Unión y la Estrategia Territorial Europea, lo que hace es llevar a Cantabria por el camino de la insostenibilidad y de espaldas a los objetivos internacionales para luchar contra los efectos del cambio climático, un compromiso que debería estar presente todas y cada una de las acciones de las administraciones cántabras.
Recordemos que hace poco más de un año, en enero de 2008, el Consejo de Ministros presidido por José Luís Rodríguez Zapatero aprobó la Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano (EEMAU) con el objetivo declarado de alcanzar un modelo urbanístico y de movilidad sostenible. Pues bien, el análisis que hace la EEMAU sobre la realidad española no puede ser más esclarecedor, denunciando la excesiva presión de los habitantes de las ciudades sobre el territorio en busca de segundas residencias, los altos consumos energéticos ligados al modelo, el crecimiento del gasto en nuevas infraestructuras y dotaciones para dar servicio a las urbanizaciones y viviendas dispersas (red viaria, saneamientos, distribución eléctrica, seguridad, etc.), el riesgo que entraña un urbanismo “a saltos” y sin la racionalidad que ofrece la continuidad urbana, o las dificultades de gestión para municipios pequeños y con escaso personal técnico.
Además la EEMAU transmite que la disposición de suelo no es infinita y que los ecosistemas que alberga están prestando irremplazables servicios a la sociedad, apostando decididamente por reducir la urbanización dispersa y difusa en el territorio con argumentos energéticos, agro-productivos, sociales, económicos y ambientales.
La prioridad es tramitar el PROT
Pese a ello, la propuesta de modificación de la Ley del Suelo que tramita el Parlamento de Cantabria va justamente en dirección contraria, dejando en manos de los Ayuntamientos las competencias para construir viviendas aisladas y permitiendo la transformación de cabañas e invernales en segundas residencias, dos posibilidades que solo serían admisibles a la luz de los estudios y criterios del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) y tras la aprobación de una Ley del Paisaje que favorezca la dotación de modelos constructivos respetuosos con el entorno.
ARCA, Ecologistas en Acción, la federación Acanto y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica consideran prioritaria la aprobación del PROT porque es la herramienta apropiada para caracterizar los suelos de Cantabria y crear un inventario estratégico de suelos agrícolas, ganaderos y forestales a conservar, identificar los riesgos ambientales asociados al territorio, aportar seguridad jurídica y coherencia al conjunto de actuaciones, simplificar las decisiones municipales y limitar una escalada de conflictividad y agravios comparativos entre propietarios de suelos rústicos.
Por eso hacemos un nuevo llamamiento al Gobierno de Cantabria para que apueste por la prudencia y la responsabilidad, para que abandone la propuesta de modificación de la Ley del Suelo y acelere la tramitación del PROT, como única garantía de disponer de unos criterios homogéneos y dirigidos a satisfacer el interés general.
El ejemplo de Extremadura
Las tres organizaciones ecologistas defienden, por último, que Cantabria tome el ejemplo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que desde hace mucho tiempo trata de seguir fielmente las directrices de la Estrategia Territorial Europea y apuesta por revitalizar los núcleos tradicionales, con abundantes dotaciones de servicios y fomentando las acciones de desarrollo rural.
Extremadura optó por recuperar y rehabilitar las mallas urbanas de sus pueblos antes que por las nuevas construcciones, desincentivando las urbanizaciones alejadas y evitando la dispersión de viviendas unifamiliares. Y con este modelo, a diferencia de otras comunidades autónomas, ha conseguido frenar la despoblación del mundo rural y convertirse en un referente positivo para la Unión Europea.
Las cuatro organizaciones consideran además que la modificación de la Ley del Suelo representa un paso más en las políticas urbanísticas denunciadas en el Informe Auken y que han merecido la condena expresa del Parlamento Europeo, con la petición de que se retiren los fondos estructurales y se congelen los fondos de cohesión.
De hecho, en el origen y desarrollo de este proyecto subyace una apuesta por regresar a la nefasta “política del ladrillo”, bien por presiones de intereses privados y empresariales, por el clientelismo que corrompe la política municipal de Cantabria, por falta de imaginación para promover un modelo alternativo de desarrollo rural basado, o quizá por una combinación de los tres factores.
Lo cierto es que la modificación propuesta, antes que impulsar el desarrollo sostenible al que está obligada España por el Tratado de la Unión y la Estrategia Territorial Europea, lo que hace es llevar a Cantabria por el camino de la insostenibilidad y de espaldas a los objetivos internacionales para luchar contra los efectos del cambio climático, un compromiso que debería estar presente todas y cada una de las acciones de las administraciones cántabras.
Recordemos que hace poco más de un año, en enero de 2008, el Consejo de Ministros presidido por José Luís Rodríguez Zapatero aprobó la Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano (EEMAU) con el objetivo declarado de alcanzar un modelo urbanístico y de movilidad sostenible. Pues bien, el análisis que hace la EEMAU sobre la realidad española no puede ser más esclarecedor, denunciando la excesiva presión de los habitantes de las ciudades sobre el territorio en busca de segundas residencias, los altos consumos energéticos ligados al modelo, el crecimiento del gasto en nuevas infraestructuras y dotaciones para dar servicio a las urbanizaciones y viviendas dispersas (red viaria, saneamientos, distribución eléctrica, seguridad, etc.), el riesgo que entraña un urbanismo “a saltos” y sin la racionalidad que ofrece la continuidad urbana, o las dificultades de gestión para municipios pequeños y con escaso personal técnico.
Además la EEMAU transmite que la disposición de suelo no es infinita y que los ecosistemas que alberga están prestando irremplazables servicios a la sociedad, apostando decididamente por reducir la urbanización dispersa y difusa en el territorio con argumentos energéticos, agro-productivos, sociales, económicos y ambientales.
La prioridad es tramitar el PROT
Pese a ello, la propuesta de modificación de la Ley del Suelo que tramita el Parlamento de Cantabria va justamente en dirección contraria, dejando en manos de los Ayuntamientos las competencias para construir viviendas aisladas y permitiendo la transformación de cabañas e invernales en segundas residencias, dos posibilidades que solo serían admisibles a la luz de los estudios y criterios del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) y tras la aprobación de una Ley del Paisaje que favorezca la dotación de modelos constructivos respetuosos con el entorno.
ARCA, Ecologistas en Acción, la federación Acanto y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica consideran prioritaria la aprobación del PROT porque es la herramienta apropiada para caracterizar los suelos de Cantabria y crear un inventario estratégico de suelos agrícolas, ganaderos y forestales a conservar, identificar los riesgos ambientales asociados al territorio, aportar seguridad jurídica y coherencia al conjunto de actuaciones, simplificar las decisiones municipales y limitar una escalada de conflictividad y agravios comparativos entre propietarios de suelos rústicos.
Por eso hacemos un nuevo llamamiento al Gobierno de Cantabria para que apueste por la prudencia y la responsabilidad, para que abandone la propuesta de modificación de la Ley del Suelo y acelere la tramitación del PROT, como única garantía de disponer de unos criterios homogéneos y dirigidos a satisfacer el interés general.
El ejemplo de Extremadura
Las tres organizaciones ecologistas defienden, por último, que Cantabria tome el ejemplo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que desde hace mucho tiempo trata de seguir fielmente las directrices de la Estrategia Territorial Europea y apuesta por revitalizar los núcleos tradicionales, con abundantes dotaciones de servicios y fomentando las acciones de desarrollo rural.
Extremadura optó por recuperar y rehabilitar las mallas urbanas de sus pueblos antes que por las nuevas construcciones, desincentivando las urbanizaciones alejadas y evitando la dispersión de viviendas unifamiliares. Y con este modelo, a diferencia de otras comunidades autónomas, ha conseguido frenar la despoblación del mundo rural y convertirse en un referente positivo para la Unión Europea.
