ECOVOZ

Actualizaci�n Gu�a Roja y Verde sobre transg�nicos

ECOVOZ — 2008-07-05T12:46:16+01:00

Actualización de la Guía Roja y Verde de Alimentos Transgénicos que elabora Greenpeace y en la que las principales novedades son que empresas como Siro, Gallina Blanca o Gullón garantizan a que no venden transgénicos; mientras que Nestlé, Unilever o Hero prefieren seguir jugando con la salud de los consumidores y del medio ambiente.

Pincha AQUÍ para ver la Guía.

También hay que mencionar que la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, se ha decantado claramente por los de las transacionales del sector (a quienes la ministra vinculó su actividad privada antes de formar parte del Gobierno), poniendo en grave peligro el presente y el futuro de la biodiversidad y de la alimentación.

Osos, muertes sin castigo

ECOVOZ — 2008-07-03T20:42:52+01:00

Una decena de plantígrados ha muerto en los últimos años en la Cordillera por disparos o veneno sin que haya habido ninguna condena.

La muerte del oso pardo en la cordillera Cantábrica no tiene castigo. En los últimos años han sido varios, hasta una decena, los ejemplares que han aparecido sin vida como consecuencia de disparos o por la acción de venenos, pero ninguna de estas muertes ha llevado aparejada una sanción para los responsables. La lista de fallecimientos es larga, y en algunos casos, las muertes han obedecido a causas naturales. En otros, no. La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica lleva un listado de los osos que han perecido en los últimos diez años, y la mayor parte falleció por causas relacionadas directamente con los humanos.

Los envenenamientos son la causa de mortandad más común. Así, en el año 2000 se encontró en Lugo a un macho joven envenenado con arbofurano; en junio de 2000 se repitió el caso en Degaña, con el fallecimiento de un macho adulto; en junio de 2001 apareció muerta una hembra adulta en Triollo, Palencia, envenenada con aldicarb, mientras que en septiembre de 2005 se detectó el caso de un oso joven en Cervera de Pisuerga, envenenado con el mismo producto. También en 2005 se registró un caso de envenenamiento en Somiedo. El caso más reciente tuvo lugar en agosto de 2007, con la aparición de un oso adulto envenenado también en Cervera de Pisuerga (Palencia).

Tanto el carbofurano como el aldicarb son utilizados como plaguicidas de manera habitual, y se han convertido en los venenos más frecuentes en la Cordillera. La legislación restringe su comercialización y regula de forma estricta su aplicación al estar incluidos en la categoría de muy tóxicos, pero se siguen utilizando.

A estos casos por envenenamiento hay que sumar la muerte por disparos de otros dos osos: uno en septiembre de 2005 en Polentinos (Palencia) y otro en mayo de 2006 en Burbia (León). En diciembre de 2007 apareció otro oso muerto en Resoba, en Palencia, por causas que aún no han sido determinadas.

En total, una decena de casos en los que no se han depurado responsabilidades, aún cuando el oso es una especie en peligro de extinción que se ha convertido en los últimos años en un símbolo de la lucha por la conservación y la lucha contra el furtivismo.

Javier Naves, biólogo de la Universidad de Oviedo y colaborador de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, explica que la mayor parte de los casos se archivan de manera provisional, hasta que al cabo del tiempo acaban por prescribir. Y las muertes de estos animales, tal y como sostienen los expertos, son más importantes que los nacimientos para la conservación de la especie. Porque, además de los casos conocidos, se producen otros fallecimientos «probables». La ecuación es sencilla: si cada osa fértil pare una media de dos crías, en la Cordillera debería haber muchos más de los 150 osos contabilizados en la actualidad. Muchos han muerto, y muchos casos no han llegado siquiera a conocerse, según indica Naves.

Las muertes que se han conocido y no se han aclarado destilan cierto aire de «impunidad», tal y como denuncia la Plataforma. Habría que remontarse a hace 20 años para dar cuenta de una sanción por la muerte de un oso pardo en Asturias, con un par de casos de Villaux (Somiedo) y Cangas del Narcea. En ambos se impusieron multas a los furtivos responsables de la muerte de estos animales.

Hasta hace poco los grupos conservacionistas no se personaban en los procesos judiciales abiertos por la muerte de los osos, lo que ha comenzado a cambiar. El último caso ha tenido lugar en Palencia, donde se investigan las muertes de dos osos el año pasado. El Juzgado de instrucción número 1 de Cervera de Pisuerga ha reabierto el caso del último oso aparecido muerto en diciembre de 2007, y ha aceptado las diligencias pedidas por Ecologistas en Acción para recibir toda la documentación sobre el caso. Además, ha aceptado la declaración de dos testigos: el cazador que encontró la cabeza del oso muerto y la persona que la recogió.

Este es un caso excepcional que la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica señala como referente de lo que debería ser en el futuro el seguimiento de las muertes de osos en circunstancias sin aclarar. Por ello, el colectivo está preparando un proyecto que será remitido a la Fundación Biodiversidad para que se revisen los casos jurídicos relacionados con el furtivismo y la muerte de osos. Este plan cuenta con el apoyo de la Fiscalía de Medio Ambiente, y podría ponerse en marcha el próximo mes de septiembre.

Un paso más en un complejo proceso de recuperación de la especie en el que, desgraciadamente, las muertes siguen teniendo más peso que los nacimientos, lastrando la recuperación de una especie emblemática.

Madrid es la ciudad menos ruidosa de las principales capitales europeas, seg�n un estudio

ECOVOZ — 2008-07-02T19:55:41+01:00

Los carteles medidores de decibelios colocados en las principales ciudades europeas durante la campaña llevada a cabo por AEG-Electrolux con motivo del Día Internacional contra el Ruido, han hallado que Londres es la ciudad más ruidosa.

AEG-Electrolux ha dado a conocer las medias de ruido generado en las principales ciudades europeas, tras finalizar su campaña “ Para un mundo ruidoso, electrodomésticos AEG totalmente silenciosos”, llevada a cabo por la marca con motivo del Día Internacional contra el Ruido.

La campaña comenzó el pasado 16 de abril, y durante la misma, se instalaron medidores de decibelios en en zonas seleccionadas de Londres, Berlin, Madrid, Bruselas y Milán durante un mes, las 24 horas del día para medir en tiempo real los niveles de ruido circundante, y se conectaron de forma remota a unas pantallas digitales que mostraban el nivel de decibelios registrado en cada momento.

La iniciativa pretendía concienciar al público en general sobre el problema del ruido y la contaminación acústica que sufren las principales ciudades europeas, así como promocionar los bajos niveles de ruido emitidos por los electrodomésticos de AEG-Electrolux.

En el caso de Madrid, el cartel gigante que mostraba el nivel de decibelios se situó en la calle Princesa, en una zona representativa de gran tráfico en la capital.

Además, los niveles de ruido generados en cada ciudad, se reflejaban, también en tiempo real, en la web www.diacontraelruido.es. Estas mediciones son las que han hecho posible realizar la comparativa de decibelios registrados entre ciudades y el cálculo de sus correspondientes medias.

El nivel de ruido de las principales ciudades europeas, en el umbral de causar daños al oido.

Los resultados de las mediciones han hallado que Londres es la ciudad con el más alto nivel de ruido, con una media de 82dB, seguida de Berlin (76 dB), Milán (67 dB), Bruselas (61 dB) y Madrid, que ha resultado ser la ciudad menos ruidosa, con una media de 56 dB. La medición más alta de decibelios fue registrada en Londres: 94.96 dB.

Estos niveles de ruido han resultado ser altos, ya que los daños al oído comienzan a causarse a partir del umbral de los 85 dB. Para dar una idea de este nivel de ruido, 130 dB son los emitidos por un avión al despegar.

Las mediciones también hallaron que los niveles de ruido no disminuyen de forma significativa durante la noche, por lo que la contaminación acústica también causa problemas a los europeos a la hora de dormir. Según la Organización Mundial de la Salud, 30 dB es el máximo nivel de ruido recomendado para disfrutar de un sueño tranquilo, y dicho nivel era superado en muchas ocasiones en todas las ciudades durante la noche.

Además, la exposición reiterada al ruido tiene otros efectos, como una disminución de la concentración o fatiga crónica.

Los días más ruidosos fueron el viernes 2 de mayo y el viernes 9 de mayo, en la ciudad de Londres, con unas medias de ruido de 86.9 dB. Berlin protagonizó el segundo día mas ruidoso registrado, el 7 de mayo, con una media de 81,1 dB, seguida de Milán (72.9 dB el 24 de abril), Bruselas (63.3 dB el 24 de abril) y Madrid (60.3 dB el 10 de mayo).

Las plantaciones de eucalipto del Grupo ENCE pierden el certificado FSC

ECOVOZ — 2008-07-02T19:49:37+01:00

El diseño de las plantaciones y la falta de integración de los aspectos de conservación de hábitat y especies son algunas de las razones de la suspensión.

El movimiento ecologista español ha recibido con satisfacción la suspensión del certificado forestal FSC (1) a las plantaciones de las empresas Norfor y Silvasur, ambas del Grupo ENCE, empresa dedicada a la fabricación de pasta y papel a partir de fibra de eucalipto. La suspensión del certificado ha sido debida a la falta de cumplimiento de los estándares españoles del FSC.

Norfor y Silvasur son propietarias de algo más de 80.000 hectáreas de plantaciones, principalmente de eucalipto, en Andalucía, Galicia, Asturias y Cantabria, contando desde octubre de 2004 del certificado FSC, el único sistema de certificación forestal transparente que garantiza la participación equilibrada de los representantes de los intereses sociales, económicos y ambientales, y que ha demostrando en todo el mundo que es una gran herramienta para mejorar la gestión forestal y la conservación de los bosques del planeta.

Al mismo tiempo hay que denunciar que las mismas plantaciones de Norfor y Silvasur cuyo certificado FSC ha sido suspendido mantienen el certificado forestal PEFC, lo que demuestra que este sistema tiene unos estándares menos exigentes en aspectos ambientales, además de no disponer de los mecanismos de participación pública lo suficientemente eficaces para mejorar la gestión forestal a través de la participación de todos los grupos de interés. El PEFC, apoyado por los sectores industriales y algunas administraciones autonómicas, no cuenta con el respaldo de ninguna organización comprometida con la conservación, la ecología o la ayuda al desarrollo.

Nota 1:

El FSC son las siglas del Forest Stewardship Council (Consejo de Administración Forestal), una ONG internacional que busca la conservación y uso responsable de los bosques del mundo a través de la diferenciación en el mercado de los productos de origen forestal (madera, papel, tableros, corcho, carbón, etc.) que han sido extraídos de bosques bien gestionados desde un punto de vista social, ambiental y económico. El FSC ha certificado hasta la fecha más de 100 millones de hectáreas de bosques y plantaciones en más de 80 países. A pesar de la existencia de varios sistemas de certificación en el mercado, el FSC es el único sistema de certificación de ámbito global y de amplia aceptación por un amplio abanico de agentes sociales, económicos y ambientales. En España, el FSC cuenta con el apoyo de la práctica totalidad de las organizaciones de la sociedad civil, ecologistas, de ayuda al desarrollo, sindicales, etc. Por estas razones es el certificado elegido preferentemente por las administraciones públicas donde se han implantado políticas de contratación pública verde. Más información en: http://www.fsc-spain.org/

El TSJ rechaza en otra sentencia una estaci�n de esqu� en San Glorio

ECOVOZ — 2008-06-30T09:33:38+01:00

El segundo veredicto en contra del proyecto invernal refuerza la tesis de que no se puede construir el complejo en un territorio protegido

Nuevo varapalo a la posibilidad de que se construya una estación de esquí en San Glorio. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha dictado una nueva sentencia en contra de la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, lo que imposibilita la instalación de la estación de esquí de San Glorio en estos espacios naturales.

La sentencia, que ratifica la que divulgó el mismo tribunal a principios de este año, se ha dictado en virtud del recurso presentado por la Fundación Oso Pardo, el Fondo para la Protección de Animales Salvajes, la Sociedad Española de Ornitología y la organización Adena, que además ha sido avalado por numerosos informes de expertos y científicos de distintas universidades españolas y europeas.

Esta segunda sentencia refuerza la imposibilidad de instalar la estación de esquí en el espacio natural protegido, según señalaron ayer fuentes de los grupos ecologistas, que han solicitado a la Junta y a las Cortes de Castilla y León que retire su apoyo a este proyecto y elabore un plan de desarrollo sostenible que garantice la mejora de las comarcas de la Cordillera Cantábrica.

Las mismas fuentes recordaron que este nuevo veredicto «ratifica» los argumentos de la primera sentencia, instada por la Asociación en Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), en la que se establece que la Junta «debería haber justificado» por qué cinco años después de aprobar un plan que consideraba incompatible la conservación de los valores naturales del espacio protegido con la práctica del esquí, aprueba una modificación en que permite las estaciones de este deporte. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia señaló en la sentencia que «no han variado suficientemente» las circunstancias medioambientales desde la redacción del PORN.

Las sentencias de derribo en Cantabria ser�n ejecutadas

ECOVOZ — 2008-06-30T09:31:18+01:00

El Gobierno regional alerta de que no legalizará todas las viviendas condenadas a la piqueta

Llevaba meses sin pronunciarse pero sus primeras consideraciones han sumido a los 2.000 vizcaínos y cántabros afectados por sentencias de derribo en una «profunda tristeza, decepción y malestar». El Gobierno de Cantabria ha proclamado que no puede dictar leyes para impedir la ejecución de las demoliciones porque «sería inconstitucional». De esta forma, queda descartada la llamada 'Ley de punto final' que promovían los propietarios, basada en conceder la «amnistía general» a las urbanizaciones condenadas. De este modo, el consejero de Urbanismo, José María Mazón, ha recalcado que «no conviene generar falsas expectativas», y que sólo «existen posibilidades» entre las construcciones condenadas que pudieran situarse dentro «del crecimiento natural» del municipio.

El Ejecutivo regional tenía de plazo hasta este viernes para explicar al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) qué «determinaciones concretas» pensaba adoptar acerca del medio millar de viviendas sobre las que pesan órdenes de derribo. Si bien el Gobierno ha perfilado posibles medidas para normalizar algunas situaciones, el grueso de la documentación remitida a los tribunales gira en torno a un análisis de la situación actual, en el que ha incluido una relación de las actuaciones que ha llevado a cabo hasta el momento. Entre ellas, destaca el pago de 220.000 euros en concepto de daños morales a 22 afectados de Argoños.

Mientras, los responsables regionales continúan elaborando un plan definitivo -cuya entrega al TSJC está prevista para principios de julio- que dé respuesta a una problemática que dura ya años. Eso sí, Mazón insiste en que el Ejecutivo «no puede establecer una norma con rango de ley que tenga por objeto que no se cumpla la ley». Asimismo, señala que únicamente cabría la posibilidad de «legalizar alguna situación» concreta en municipios que hayan adaptado su planeamiento a las normas urbanísticas.

En cualquier caso, el consejero recordó que el Gobierno no tiene competencias en materia de planeamiento urbanístico. «Nuestro papel es de asesoramiento y control», señaló. Esta puntualización ha sido la que más ha indignado a los afectados. «Si después de tantos años, la solución del Gobierno es decir que lo arreglen los ayuntamientos estaríamos ante una tomadura de pelo. Los condenados son el Ejecutivo y los consistorios, y no pueden seguir sin dar una solución a la víctimas de esa injusta situación, ni pasándose la pelota», expresó el portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela.

Los ecologistas advierten que no mejora el estado de conservaci�n del alimoche com�n

ECOVOZ — 2008-06-27T13:59:23+01:00

Si no se reduce la elevada mortalidad por envenenamiento y se gestionan los restos ganaderos, no se conseguirá mejorar el estado de conservación del alimoche común, según un taller de expertos celebrado en el marco de la redacción del Plan de Acción Internacional de esta rapaz, encargado por la Comisión Europea a SEO/BirdLife.

El alimoche común está calificado como "en peligro" en la última Lista Roja de especies amenazadas, según los criterios de la Unión Mundial para la Naturaleza. La especie está presente en 14 países europeos, pero más del 50% de la población se concentra en España. Con el fin de debatir las acciones que deben llevarse a cabo en los diferentes países del área de distribución del alimoche para mejorar su estado de conservación, se han reunido en Madrid durante dos días expertos de ocho países.

Amenazas

Estos especialistas han destacado que las dos amenazas más importantes para el alimoche son la utilización ilegal de veneno y la falta de alimento. El veneno es el principal responsable de los casos de mortalidad de la especie, tanto en Europa como en las áreas de invernada en África, donde no se conoce con exactitud qué está pasando. Los expertos solicitaron mayor control del uso ilegal de venenos, la persecución de esta infracción y la emisión de sanciones que ejemplifiquen la gravedad de este delito. Por otra parte, la actual gestión de los subproductos animales no destinados al consumo humano ha diezmado la disponibilidad de alimento para las aves en el medio natural, pudiendo producir importantes efectos directos sobre las poblaciones de alimoches como el aumento de mortalidad juvenil o la disminución de la productividad, apuntaron los expertos. Por ello, pidieron un cambio en la normativa que regula la gestión de estos subproductos con el fin de favorecer la conservación de las aves.

Las bombillas incandescentes desaparecer�n en tres a�os

ECOVOZ — 2008-06-26T09:44:28+01:00

Se sustituirán alrededor de 350 millones por otras de bajo consumo. La bombilla incandescente de toda la vida, la de filamento de tungsteno, tiene los días contados. En el plazo de tres años desaparecerá de manera progresiva de los establecimientos, junto con otras que, al igual que ella, gastan demasiada energía, según consta en una proposición no de ley aprobada ayer en la Comisión de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino del Congreso de los Diputados.

El texto de la iniciativa insta al Ejecutivo a elaborar junto con las comunidades autónomas un plan para sustituir en el plazo de tres años las bombillas poco eficientes por las de bajo consumo, y reclama que esta operación, que deberá incluir además al ámbito empresarial e industrial, edificios públicos y sedes institucionales, cuente con ayudas para las familias con menos recursos.

En la práctica, el plan supondría sustituir progresivamente 350 millones de bombillas -unas 25 por hogar- por otras de bajo consumo eléctrico, con un ahorro estimado de seis millones y medio de toneladas de CO2 y "hasta un 3% del consumo energético en tres años", aseguró el portavoz de CiU Pere Macías, cuyo partido es el impulsor de esta iniciativa. Las bombillas son responsables del 20% de la factura eléctrica de un hogar español medio.

Cinco veces el consumo de Australia

Macías explicó que el 90% de la energía que consume una bombilla clásica se emite en forma de calor, un mecanismo que "no ejemplifica el ahorro energético y que no resulta adecuado en un momento en el que es urgente impulsar actuaciones contra el cambio climático", y citó además un estudio de la Agencia Internacional de la Energía según el cual, si esta bombilla se desterrara en todo el mundo en favor de las de bajo consumo en el año 2030, se ahorraría cada año cinco veces la energía que se consume anualmente en Australia.

Las bombillas de bajo consumo son más caras pero también mucho más duraderas que las de filamento y otras tradicionales. Hoy una bombilla de alta eficiencia energética cuesta en torno a 10 euros, aunque el precio varía según los modelos.

La Fiscal�a de Medio Ambiente y Urbanismo denuncia su precariedad

ECOVOZ — 2008-06-23T14:08:48+01:00

Es una reclamación muy habitual en las memorias anuales de fiscalías y tribunales, pero en este caso la denuncia por la escasez de medios personales y materiales parece más justificada que nunca. La institución afectada es la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo que, pese a su reciente creación (funciona desde hace dos años) y a encontrarse aún en pleno desarrollo, soporta una enorme carga de trabajo.

La responsabilidad en la dotación de medios corresponde tanto al Estado como a las Comunidades autónomas, según la fiscalía pertenezca a un territorio con las competencias en materia de justicia transferidas o no. El compromiso asumido en esta materia «simplemente no se lleva a cabo», asegura la Memoria de 2007; y en muchos casos, añade, se «interpreta como una simple discrecionalidad lo que verdaderamente es una obligación».

Las carencias que sufren los fiscales dedicados a esta materia -que en muchos casos se suplen «a base de trabajo extra y vocación»- contrastan con la prioridad que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha querido dar a la lucha contra el fraude urbanístico y a la política de medio ambiente con la reciente creación de un ministerio específico. «Si eso es realmente así, que se vea con presupuesto», reclaman fuentes fiscales.

Los delitos competencia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo -todos los derivados de la ordenación urbanística así como los de medio ambiente en sentido amplio (vertidos, incendios etcétera)- requieren especialización. De ahí que se reclame también la creación de juzgados específicos.

Una dificultad añadida para la persecución de estos delitos, según denuncia la Memoria, es la responsabilidad penal en la que en numerosas ocasiones incurren las administraciones autonómicas y locales, lo que hace de ellas un enemigo de los fiscales más que entidades colaboradoras.

A continuación, reproducimos por su interés varias denuncias de distintas fiscalías contenidas en la Memoria:

Baleares. «La situación de Baleares se hace especialmente complicada, en cuanto a medios personales y materiales se refiere, sobre todo considerando la complejidad de los asuntos urbanísticos delictivos descubiertos en las Islas y habida cuenta de que aún a pesar de la enorme carga adicional de trabajo, los limitados medios y el único funcionario disponible se mantienen inalterablemente».

Ávila. «Ha solicitado no solamente más personal auxiliar sino también más fiscales (...), sin que hasta el momento se haya dado respuesta alguna a su petición». La solicitud se basa en el «volumen de trabajo que se está produciendo en temas de medio ambiente, partiendo de la base de la riqueza natural de su entorno y la importante lista de graves agresiones que contra el mismo se han producido en su ámbito territorial».

Bilbao. Su Fiscalía se ha tomado la justicia por su mano y «ha empezado a recurrir a la colaboración de fiscales no especialistas como forma de afrontar la carga de trabajo».
Huelva. Además de un programa informático específico, esta Fiscalía critica «la ausencia de una adecuada conexión informática con los cuerpos policiales y los juzgados», carencia que dificulta más el trabajo.

Tenerife. Los fiscales de esta Isla van más allá y denuncian «que el sistema informático autonómico, conocido como «Atlante», no es tan siquiera compatible con los sistemas informáticos de la Fiscalía General del Estado».

Las Palmas. La falta de una adecuada conexión con los órganos judiciales crea situaciones tan surrealistas como que haya asuntos en tramitación «desde hace años en los juzgados sin que se tenga constancia fehaciente de los mismos por no haber pasado nunca por nuestras dependencias». Bilbao incide en el mismo problema: «No resulta sorprendente la recepción de causas de considerable volumen que llevaban años tramitándose sin el conocimiento del fiscal».

Castellón. La carencia de medios informáticos obligó a los fiscales de esta zona a «efectuar un «barrido» en todos los juzgados de la provincia con el objeto de intentar conseguir los datos más fidedignos posibles sobre las causas ambientales en tramitación».

Teruel. La situación de esta Fiscalía es sangrante. No sólo reclama un programa informático específico, «sino otros instrumentos más básicos tales como un ordenador portátil que permita reproducir los atestados e inspecciones oculares que se reciben en DVDs y CDs,vídeos o similares que, hoy por hoy, ni siquiera pueden ser visionados por el fiscal ni ser proyectados en actos judiciales». Teruel también reclama una cuenta de correo electrónico.

Mención a parte merece la nula disposición por parte de los fiscales de personal técnico y peritos imparciales para su asesoramiento, un hecho que fuentes consultadas por ABC califican de «muy grave». De nuevo se trata de una competencia que las administraciones eluden sin más. Baleares explica cómo «en ocasiones la administración manifiesta simplemente que carece de presupuesto para atender a las periciales interesadas por el Ministerio Público».

La raíz del problema, sin embargo, es otra. Tarragona lo pone de manifiesto: «En materia de contaminación siempre se topa con el problema de que el perito que puede fundar la acusación, si hay alguno, es el de la administración que ha autorizado la instalación o vertido o bien que no los ha inspeccionado suficientemente. Los dictámenes de los peritos con los que puede contar el fiscal suelen ser flojos, salvo que el tema haya saltado profusamente a la opinión pública (...) En este orden de cosas, se hace difícil llevar adelante una acusación (...) Sería muy interesante poder contar con perito objetivo que dependiera de la Fiscalía General del Estado o de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente».

León. «Los informes de la administración pública no se pueden tener como válidos y fehacientes pues, en la mayoría de los casos, son contradictorios, dependiendo del departamento que los mande, y en otros se ha llegado a la conclusión de que los mismos eran parciales, por lo que se han abierto causas contra sus autores por presuntos delitos de cohecho o prevaricación».

En la misma línea, Burgos y Asturias insisten en la necesidad de contar con peritos imparciales «debido a la frecuencia de supuestos en los que está involucrada la propia administración».

Cient�ficos afirman que el deshielo en el �rtico ser� otra vez de r�cord

ECOVOZ — 2008-06-22T16:05:22+01:00

El ritmo de pérdida de hielo en el océano Ártico, que se ha acelerado cada verano en las dos últimas décadas, se encamina a otro récord este año, afirmó hoy un científico de la Universidad de Colorado.

"Al término del invierno había en el Ártico más hielo marino que en años recientes, pero la pérdida de manto helado se ha acelerado", dijo a Efe Mark Serreze, un científico del Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo (NSIDC, por su sigla en inglés), desde Boulder, Colorado. El NSIDC ha documentado la extensión del manto helado en el Ártico y en la Antártida por más de una década, y ha medido las pérdidas de hielo en ambas regiones durante los veranos. Sobre esta base de esos datos, el Centro hace proyecciones del futuro de la cubierta de hielo.

Los científicos del NSIDC han calculado que, si continúan las pautas actuales de cambio climático global, el Ártico podría perder todo el hielo durante el verano dentro de cinco a diez años. En varios veranos del hemisferio norte, la mayor parte de la pérdida de hielo en el Ártico ha ocurrido en la mitad de ese océano, entre el norte de Canadá, Alaska (EE.UU.) y Siberia (Rusia), mientras que la región al nordeste de Groenlandia y Escandinavia ha conservado el manto helado.

"Esto varía cada año y responde a las relaciones entre patrones climáticos y la circulación atmosférica", explicó Serrez. En el verano de 1980 el manto helado sobre el Ártico cubrió 7,8 millones de kilómetros cuadrados, y el año pasado esa cubierta se estrechó a 4,2 millones de kilómetros cuadrados.
"En la Antártida, en cambio, ha habido un leve incremento de la cubierta de hielo sobre los mares que rodean al continente", indicó Serrez. "Esto puede deberse, también, al impacto de la circulación atmosférica".

La pérdida de la cubierta de hielo por el calentamiento global, a su vez, acelera el aumento de la temperatura de los mares y la atmósfera, explican los científicos.

El aumento del nivel del Pac�fico podr�a tragarse el archipi�lago de Kiribati

ECOVOZ — 2008-06-22T16:02:00+01:00

El presidente de Kiribati, Anote Tong, ha pedido a la comunidad internacional que le ayude a reubicar a sus ciudadanos ante la amenaza de desaparición de esta nación del Pacífico Sur debido al aumento del nivel del mar. Tong ha señalado que comunidades enteras ya han sido desplazadas y que muchas cosechas se han perdido por la subida del nivel del mar, causada por los efectos del cambio climático.

"Nueva Zelanda ha sido la única nación del mundo que ha respondido afirmativamente a nuestra petición", ha indicado el presidente, quien se encuentra de visita oficial en este país. Además, reiteró la necesidad de reubicar a la población de Kiribati a medio plazo, ya que "muchas familias ya tienen sus casas sumergidas bajo el mar".

Tong ha pronosticado que, en el peor de los casos, Kiribati será engullido por el mar antes del final de este siglo y todos sus habitantes tendrán que desplazarse a otros países. Explicó que en poco tiempo las islas que forman el archipiélago estarán sumergidas, y que ya no se tratará de una cuestión de crecimiento económico, sino de supervivencia humana.

El Gobierno de Nueva Zelanda firmó la pasada semana un acuerdo bilateral con el Ejecutivo de Kiribati por el que dobla sus ayudas en los próximos cinco años, con el fin de combatir los efectos del cambio climático.

Kiribati es un archipiélago de 33 atolones situado en el Pacífico Sur que cuenta con una población de más de 110.000 personas cuya principal actividad económica se concentra en el sector servicios y en la pesca.

Desbordados por la basura

ECOVOZ — 2008-06-19T13:58:50+01:00

La basura se sale: 15 de los más de 120 vertederos urbanos españoles se encuentran llenos pero siguen funcionando. Y entre el otro centenar las irregularidades se suceden por la contaminación del suelo o los malos olores.

En España, donde cada año se generan más de 25 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, se hace justo lo contrario de lo dictado por la Unión Europea. La directiva 99/31/CE, traspuesta en 2001, dice que la eliminación de residuos en vertedero es la última opción para el tratamiento de los residuos y que en ocho años (o sea para 2009), se debe reducir a la mitad de la basura orgánica respecto a 1995. Nada más alejado de la realidad: hasta 2005 -últimos datos oficia-les- los residuos urbanos han crecido un 46% y se generan 1,4 kilos por habitante y día. "El crecimiento se produce además cuando el Plan Nacional de Residuos 2000-2006 fijaba como objetivo reducir los residuos a la cota de 1996", dice Greenpeace.

Como la gestión de los residuos sólidos urbanos es competencia de las comunidades autónomas, la situación es muy desigual. La Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia concentran la mayoría de los vertederos saturados. En Euskadi se ha llegado a un acuerdo para que la basura del vertedero de San Marcos, en San Sebastián, que tenía que haberse cerrado hace dos años, se traslade en los próximos cuatro años a un basurero de Vizcaya.

La situación en la Comunidad Valenciana es la más acuciante. El Gobierno autónomo aprobó un plan de residuos en 1997 para solucionar los problemas en cinco años pero todavía no se ha abierto ninguna de la quincena de nuevos vertederos previstos. El basurero del área metropolitana de Valencia se sale de sus costuras desde hace años y se construyen a marchas forzadas dos que lo reemplacen. En Sagunto se ven obligados a trasladar la basura a la población murciana de Jumilla a la espera de contar con un vertedero. La urgencia es tal que la empresa adjudicataria de la nueva planta en Sagunto ha pedido permiso al Gobierno para empezar a llevar basura a vertedero antes de poder tratar los desechos.

En Canarias, la mayoría de sus ocho vertederos se encuentran a rebosar. Y hay agravantes, como el de La Palma que no tiene autorización para funcionar, señalan los ecologistas, y en Gran Canaria la planta de biometanización (que aprovecha el metano generado por la basura) está parada "porque no se separa la materia orgánica". Galicia tiene saturados sus principales vertederos. El de Nostían (A Coruña) sólo recicla el 55% de las basuras que recibe, cuando el objetivo era del 72%. Unos porcentajes elevados porque la planta fue diseñada para tratar separadamente la materia orgánica y la inorgánica. El vertedero de Sogama (Cerceda), inaugurado en 2002 y el más grande de España (supera en un 40% la capacidad de Valdemingómez en Madrid), nunca ha dado abasto y sólo recicla un 14% de la basura.

En Castilla y León no hay ningún vertedero lleno pero el problema, señala Ecologistas en Acción, es que sólo dos de los 10 urbanos tienen la llamada autorización ambiental integrada, un requisito fijado por la UE. En Murcia, los ecologistas van a presentar una denuncia a la fiscalía porque los lixiviados (el agua contaminada que se filtra por la basura) de los basureros de Ulea y Alcantarilla "van directamente al alcantarillado", aseguran. Cataluña, Navarra, Madrid y Euskadi son las comunidades con menos problemas. En el País Vasco se han aprobado planes de gestión para alcanzar en 2016 el vertido cero, es decir, que sólo vaya al basurero aquello que no se pueda reciclar.

El escaso reciclaje, que ronda el 10% de media en España, explica la saturación y el aumento de los desechos en los vertederos de residuos sólidos urbanos. Para hacer frente a ello, la alternativa elegida -sobre todo en las comunidades con problemas de espacio para ampliar los basureros- ha sido la incineración y ahora hay 10 plantas en marcha. Pero, además de las críticas a los residuos tóxicos generados, se alude a que se desincentiva aún más el reciclaje. En Melilla y Cantabria, ambos con incineradoras, se generan 1,8 y 1,7 kilogramos por habitante y día, bastante más de la media española de 1,4 kilogramos.

Antxon Olabe, economista ambiental de la empresa Naider, cree que en los últimos 10 años apenas ha habido avances pese a las elevadas inversiones hechas, gran parte de ellas con fondos europeos. "El 90% de la basura va a vertederos o se incinera. Y creo que eso es un fracaso". Por ello aboga por realizar una auditoría del dinero gastado y los resultados obtenidos con las inversiones realizadas. "Por ejemplo, los millones de euros gastados en instalaciones como las de tratamiento de envases, que luego sólo funcionan al 20% o el 30% de su capacidad". En la parte positiva, Olabe cita la eliminación de gran cantidad de vertederos incontrolados -aunque todavía persisten 800.000 toneladas al año en focos ilegales-, los avances en la gestión de los basureros y la disposición de plantas de tratamiento e incineradoras muy avanzadas.

Ley y realidad van disociadas, según los ecologistas

"La legislación va por un lado y la realidad por otra". Daniel López, portavoz de Ecologistas en Acción en Andalucía, califica la gestión de la basura de "lamentable". López censura que la treintena de vertederos andaluces ha recibido la llamada autorización ambiental integrada sin que se exija una de las directrices principales de la normativa de la UE de 1999: que los residuos susceptibles de tratamiento no sean llevados a los basureros.

Andalucía, como Extremadura o Castilla y León, se han limitado a ir ampliando los vertederos según se iban llenando, por lo que no ha tenido los problemas de espacio de la Comunidad Valenciana o Canarias. López opina que la legislación, tanto europea como autonómica, "es muy apropiada pero se queda en pura retórica. El vertedero sigue siendo la única alternativa de gestión". Gonzalo Canales, del colectivo Arca de Cantabria, censura la falta de contenedores para reciclar porque, en el fondo, dice, "no interesa el reciclaje, porque entonces hay menos toneladas que irían a la incineradora".

En Madrid, las quejas se dirigen sobre todo a los efectos de la incineradora de Valdemingómez, debido a las molestias de las cenizas que arroja. En Cataluña, la política de la Generalitat se ha centrado en subvencionar a las entidades locales para que clausuren los vertederos incontrolados de residuos, pero no dejan de aparecer casos en los que tal medida fracasa. El principal inconveniente es el aumento de residuos que generan los núcleos urbanos, cerca del 20% cada cinco años, según estima el Gobierno catalán. El incremento alimenta la proliferación de vertederos ilegales atomizados, que se descubren episódicamente. Los últimos se desmantelaron el pasado abril, con desechos generados por la administración.

El Ministerio de Medio Rural, Medio Ambiente y Marino, que aún prepara el siguiente plan nacional de residuos y asegura no disponer de datos actualizados de la situación de los vertederos, dice que se está trabajando en un plan de acción concreta en los vertederos.